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jueves, 10 de noviembre de 2011

Bacá, Pacto y Poder


El Can Cerbero, perro mitico de tres cabezas, Mefistofeles

Por: Tahira Vargas

La creencia en el Bacá está presente en la sociedad dominicana en distintas comunidades tanto urbanas como rural, independientemente de la institución religiosa a la que las personas pertenezcan (sea iglesia católica o protestante).

El ámbito de lo mágico-religioso en la cultura está vinculado a otras esferas de la vida social y entre ellas a las relaciones de poder en lo micro y en lo macro. Así la cultura política se alimenta de pautas sociales que se generan en la esfera de lo mágico-religioso, lo que podremos ver en símbolos asociados al poder como el Bacá.

El Bacá en nuestra cultura es un símbolo mágico-religioso asociado a un pacto con fuerzas consideradas “misteriosas” para el enriquecimiento y/o la obtención de poder. Se habla en las comunidades que una persona tiene un Bacá cuando éste se ha enriquecido rápida y misteriosamente sin “supuestas” explicaciones concretas.

La persona que tiene el Bacá se convierte en una persona que genera miedo y misterio en la comunidad, nadie se atreve a confrontarla directamente por el poder que le da el Bacá.

¿Qué elementos comunes se encuentran entre el Bacá y los pactos políticos realizados en el país en las últimas décadas?

El Bacá como símbolo mágico-religioso de poder y dinero tiene elementos comunes con la vida política en la República Dominicana. En nuestra historia se reproduce cíclicamente la obsesión de la mayoría de nuestros presidentes y líderes políticos por mantenerse en el poder. Desde la primera República nos encontramos con reformas constitucionales y pactos que buscan la reelección y excluyen a los diferentes sectores sociales de su derecho a participar en los procesos democráticos.

Esta obsesión de poder, que encontramos también en los que firman el pacto del Bacá, los lleva a personalizar acuerdos entre dirigentes, personajes (a veces religiosos) y presidentes, desconociéndose los mecanismos institucionales y convirtiendo el proceso eleccionario en una negociación comercial.

¿Hay diferencia entre un pacto como el del Bacá para obtener dinero y poder con un pacto entre dirigentes políticos y presidente con el mismo objetivo?

Otro elemento en común con el Bacá además del poder es el sistema de control social que lo refuerza. El ultimo pacto firmado por el Presidente Fernández y el candidato del PRD, Vargas Maldonado, fortalece el sistema de control social que sostiene al gobierno y su partido. El pacto afecta a los representantes del PRD en el congreso, reforzando su conducta desconectada de su verdadero rol de representación territorial. Además, debilita aun más el proceso democrático afectando la independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo y le otorga más poder al Ejecutivo.

El Bacá tiene otro elemento cultural significativo, el sistema de control social que genera alrededor de la figura que lo posee. Con el último pacto también se refuerza el control social en otra dirección, hacia la que debiera ser oposición política, organizaciones sociales y ciudadanía.

Hace sólo dos meses el país estaba sumergido en una serie de movilizaciones sociales en distintos barrios y comunidades. Estas movilizaciones sociales tenían como principal objetivo la demanda hacia el estado de su rol de intervención e inversión en las localidades. Estas demandas no han sido priorizadas por el gobierno y por el contrario se ha desarrollado toda una estrategia para invisibilizarlas.

La invisibilización de las precarias condiciones de las localidades y sus protestas se ha logrado con la estrategia del “circo” generado por las discusiones de la reforma constitucional y más recientemente con el pacto. Mientras tanto, siguen agudizándose las condiciones de vulnerabilidad de nuestra gente y a nadie le interesa hacerse eco de esta realidad pues no existen fuerzas de oposición y el movimiento social se encuentra tan debilitado como el que “era” opositor, el PRD.

Este nuevo pacto afecta notablemente nuestra débil democracia que cada vez más pierde su carácter institucional y procesual. La reducción de los procesos políticos a negociaciones entre personajes niega la participación de los actores sociales y la ciudadanía y refuerza la concentración de poder en la figura del Presidente de la República.

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