Antes de la promulgación de la ley 64-00, los procesos ambientales ocupaban un espacio de importancia en las discusiones diarias del pueblo dominicano.
Por desgracia, dichas controversias estaban pautadas por las transacciones económicas que lo sustentaban, lo que impedía una separación racional de lo ambiental y el descontento social por los pocos beneficios recibidos por el Estado dominicano.
Desde el punto de vista técnico la visión de los problemas ambientales era relativamente pobre, porque la preservación del medio ambiente, desde el punto de vista científico, no tenía una racionalidad que permitiera la comprensión de los problemas como hoy se conocen.
Esto se comprueba por la baja documentación que aparecen en los Estados Unidos antes del año 1975.
En nuestro país, los problemas ecológicos se desarrollaron por la intervención de la alta tecnología en los grandes empresas extractivas que desarrollaron operaciones en suelo dominicano, algunas de las cuales, si se realizan una valoración ambiental no saldrían tal mal parada, seis o siete década después de haber cerrado su ciclo operacional, por las construcciones que dejaron como legado y por el bajo nivel de los impactos ocasionados que no fueron tratado con la tecnología que hoy predomina en el mercado mundial.
Ejemplo de esto, lo constituye la Alcoa Exploration company, quien según estudio documentados en la Oficina de Imprenta del gobierno de Estados Unidos, según el boletín 963 del servicio geológico comenzó su búsqueda en el año 1943. Dicha multinacional operó la bauxita de Pedernales y el puerto construido para exportar el mineral extraído, el cual todavía se utiliza para ahora exportar rocas calizas. De igual manera, la carretera que utilizaba para la circulación de sus equipos de extracción, son admiradas nuevamente por los visitantes del hoyo de Pelempito quienes la comparan con la “modernas” construidas en épocas recientes y su grado de superioridad a nadie le queda en duda.
Los altos salarios eran bien recibidos en el país, así como el nivel de entrenamiento que recibieron los operadores de la compañía.
Lo que entorpecía su relación con la población, era el contrato existente con el Estado dominicano, el cual, por su bajo nivel de conocimiento, a la hora de ser rubricado favoreció a la compañía multinacional.
En ese mismo ambiente entró en el año 1955 la Falconbridge Limited a explotar las Lateritas Nicheliferas de la tierra de Bonao, por medio a la concesión de exploración Quisqueya No 1.
Luego de su evaluación y conocimiento de sus reservas, en 1972 comenzó el proceso extractivo con más tecnología que las otras empresas mineras existentes, porque el proceso era más complejo, lo que determinó que parte de las instalaciones y operaciones al inicio eran dirigidas por técnicos nórdicos, lo que hacía que el último proceso de refinamiento del mineral, era llevado a almacenes estacionados en Noruega.
Dicha compañía, al igual que la primera salió beneficiosa del contrato firmado, lo que no podía ser de otra manera, por nuestra baja preparación, tanto en minería extractiva, como economía minera.
Fue conocido por los estudioso de la minería, el papel de importancia que jugó un técnico de origen sudafricano, ejecutivo de la industria minera, en la asesoría y elaboración de los insipientes proyectos de leyes mineros que cursaron por nuestro Congreso Nacional en época relativamente no lejana.
Pero como los tiempos cambian, así cambio la correlación de fuerzas que permitió la revisión del contrato, llevando un mayor beneficio para el Estado dominicano, y los problemas ambientales que generó desde su inicio el proyecto, fueron silenciado en la misma medida en que se llegaban a soluciones los inconvenientes presentados en el contrato minero, lo que culminó en que el Estado también era dueño de la empresa por medio de un grupo de acciones que eran manejadsa por la Corporación de Empresas Estatales, conocida como CORDE.
Desde luego, partes de esos inconvenientes ambientales, debido a una política de apertura con la comunidad, la compañía realizó ingentes esfuerzos para solucionarlo lo que se tradujo en una época de relativa calma de las protestas ambientales.
De igual manera, aparecieron las compañías Simplot Industries y Rosario Resources quienes entraron al circuito económico nacional por medio de la adquisición de la concesión de Pueblo Viejo, la cual comenzó sus operaciones como mina de plata y oro el 24 de abril de 1975 ,teniendo su existencia como mina más de 400 años de historia fantástica.
Los inconvenientes ambientales sufridos por parte de la población, fueron minimizados debido a que lograron ser politizados y una gran parte de los ambientalistas, perdieron credibilidad, motivado a que en la lucha por la preservación del entorno de los ríos, algunos denunciaban connotados depredadores el martes, pero el miércoles informaban que el depredador de ayer hoy era un conocido defensor del ambiente y sus entornos, desde luego, “después de un arreglo razonable”.
Independientes de estos hechos aislados, existen y existieron defensores serios en épocas difíciles de los inconvenientes que presentaban las grandes compañías, unos de ellos, de grata recordación fue monseñor Juan Antonio Flores Obispo de La Vega, quien en el primer seminario sobre el sector minero en 1978, afirmaba lo siguiente: “Hasta ahora, la Comisión Contra la Contaminación Ambiental, no ha dado ninguna respuesta satisfactoria, ningún informe científico ante las denuncias campesinas y obreras sobre el efecto del humo que despiden las chimeneas de las instalaciones de ferroníquel, ni sobre las causas de la disminución de la productividad agrícolas en zonas aledañas a las instalaciones mineras.”
“No podemos hablar de represión generalizada, pero si, de un ambiente represivo que en determinada condiciones ha llevado a los campesinos a la cárcel, donde las mayorías no conocían sus derechos, sino que además no podían distinguir entre los funcionarios del Estado y los funcionarios de las empresas mineras”.
Luego del paso de los años, la sociedad dominicana tiene los mecanismos y conocimientos técnicos que permiten la solución de problemas ambientales dentro del marco de las leyes y el respecto a la institucionalidad, unos de ellos en el caso de Loma Miranda de la provincia de La Vega, es la ejecución de una auditoria a los proyectos ejecutados por el promotor de la solicitud de la licencia ambiental, para correlacionarlo con las soluciones sometidas por el mismo, en el Estudio de Impacto Ambiental( EIA) , el cual es presentado y evaluado en Gestión Ambiental, no por la Dirección General de Minería, como han interpretado algunos desconocedores de las leyes ambientales.
Por medio a ese mecanismo, la sociedad estará en conocimiento de lo que se pretende hacer, su factibilidad y el grado de credibilidad que tiene la compañía que pretende realizar la explotación.
Para semejante evaluación, el cual debe de realizarse con la mayor transparencia, deben de participar técnicos independientes pertenecientes a la Asociación Dominicana de Prestadores de Servicios Ambientales, Inc. (ADPSA), los cuales también deben de tomar en consideración las opiniones de todas las instituciones Estatales o no, pero que de una u otra forma, han participado en la emisión de opiniones favorables o no al otorgamiento de la licencia ambiental que autoriza el inicio de las operaciones extractivas.
Actuando de esa manera, solucionamos el conflicto y sentamos precedentes técnicos para otros eventuales que deberán de presentarse, debido a nuestra tardanza en solucionar estudios estratégicos que desde mucho tiempo atrás, necesita nuestra cambiante sociedad dominicana.
18 de septiembre de 2012. Santo Domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario